El siguiente texto fue leído por el diputado Luis Ángel Adán Roble durante los debates del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
La orientación sexual y la identidad de género son elementos constitutivos de la condición humana.
Desde hace muchas décadas las ciencias médicas y las ciencias sociales han reconocido que, además de la heterosexualidad, también son legítimas las orientaciones sexuales homosexual y bisexual y que las personas que expresan estas orientaciones del deseo erótico no heterosexual sufren de exclusión social, violencia física y psicológica. Todo ello conlleva a una vulneración de los derechos humanos de estas personas, que en nuestro proyecto de Nación socialista resulta inadmisible.
Desde la despenalización de la homosexualidad en Cuba en 1997, solamente se ha legislado favorablemente hacia la no discriminación por orientación sexual en la Ley Código de Trabajo de 2013, en el contexto de una redefinición de la política del Partido expresada en sus lineamientos y en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
En cuanto a la identidad de género ha sido más difícil su comprensión por la transgresión de las normas culturales, sociales y jurídicas que reconocen a la masculinidad y a la feminidad desde los atributos biológicos que definen al sexo. Las normas jurídicas vigentes en nuestro país, no reconocen a la identidad de género como constitutiva de la identidad de la persona. Por ello estamos llamados a defenderlo en el Proyecto de Constitución que hoy se nos presenta.
Por tal motivo, un grupo numeroso de cubanas y cubanos sufren de estigma, discriminación y negación de derechos por no tener una correspondencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. El sufrimiento de estas personas comienza desde edades tempranas en sus familias y sus vidas se tornan precarias durante las etapas posteriores.
Las desventajas sociales incluyen dificultades para recibir una educación con calidad, pobre acceso a un empleo digno, problemas en la atención de salud, pobre participación política y social, proclividad a actos delictivos y mayor vulnerabilidad a contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras.
La inclusión de la identidad de género y la orientación sexual en el artículo de igualdad del proyecto de Constitución que será sometido a referendo es congruente con los principios de nuestro socialismo enmarcados en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
La implementación de políticas respaldadas en leyes concretas sería un acto de justicia y de respeto a la dignidad plena del ser humano. Desde el punto de vista ético, reconoce a la autonomía y a la libertad personal, a la identificación de grupos vulnerables para su protección y resarcimiento por limitación del disfrute de derechos, además de entender que la identidad de género masculina y femenina no se vive ni se expresa de igual manera en cada persona, ni siquiera en aquellas en que la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.
La definición del matrimonio como la unión entre dos personas, propuesta realizada por Vilma Espín Guillois cuando se discutía el proyecto la Constitución de 1976, se ajusta a los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Aunque no son principios vinculantes (de obligatorio cumplimiento) ofrece un marco referencial con los que nuestro Estado y Gobierno se han comprometido a trabajar en el marco de la política internacional y doméstica.
La actualización del concepto de matrimonio como la unión entre dos personas no quita derechos a las personas heterosexuales, repito, no quita derechos a las personas heterosexuales, sino que los extiende desde el principio de equidad al disfrute del reconocimiento legal de la unión entre dos personas, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género. La garantía de este derecho humano no privilegia a un grupo de ciudadanas y ciudadanos en detrimento de otro.
Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Dicha realidad está sustentada por múltiples investigaciones científicas nacionales e internacionales y en las experiencias jurídicas de más de quince años si nos atenemos al Derecho Comparado.
Diputadas y diputados:
Las familias cubanas resultarán fortalecidas si se actualizan las políticas normativas vigentes. En la construcción socialista que aspira nuestra Nación deben dejarse detrás los preceptos burgueses que rigen la configuración de un solo tipo de familia. Los cambios legislativos deben tener un impacto educativo y transformador de las normas culturales en relación a la constitución de las familias.
Las diputadas y diputados que apoyamos los equitativos cambios que se han incluido en el proyecto de Constitución somos conscientes de que para muchas personas de bien, algunos de estos artículos contradice sus valores morales y religiosos. Reconocemos además el derecho de las diferentes congregaciones religiosas a expresar sus posicionamientos sobre el matrimonio y la familia desde las doctrinas del Evangelio. De hecho, ninguna de las propuestas contenidas en este proyecto constitucional atentan contra las formulaciones doctrinales que cada Iglesia o congregación religiosa disponga en sus espacios y con sus practicantes.
La separación entre Iglesias y Estado y los deberes de este último como garante de derechos humanos continúan vigente. El Estado laico debe garantizar los derechos de todas y todos, sin privilegios ni en detrimento de los derechos de minorías.
La unidad nacional es un principio del proyecto de Nación de inspiración socialista y soberana. Lo sabemos por las lecciones de nuestra historia de independencia que cristalizó por la obra y pensamiento de Fidel. La incorporación de nuevos referentes, entre los que se incluyen a grupos humanos cuyo género y sexualidad no se alinean con la heterosexualidad, redundará en una mayor unidad de la Nación. Son cientos de miles de cubanas y cubanos con lo que se tiene una deuda histórica y que como ocurre con las personas de piel negra, las mujeres heterosexuales, los campesinos, las personas religiosas y las personas discapacitadas forman parte de ese sentido de la cubanidad. Negarlos, borrarlos o silenciarlos, además de constituir una injusticia, fractura el proyecto de Nación que queremos construir.
Desde hace muchas décadas las ciencias médicas y las ciencias sociales han reconocido que, además de la heterosexualidad, también son legítimas las orientaciones sexuales homosexual y bisexual y que las personas que expresan estas orientaciones del deseo erótico no heterosexual sufren de exclusión social, violencia física y psicológica. Todo ello conlleva a una vulneración de los derechos humanos de estas personas, que en nuestro proyecto de Nación socialista resulta inadmisible.
Desde la despenalización de la homosexualidad en Cuba en 1997, solamente se ha legislado favorablemente hacia la no discriminación por orientación sexual en la Ley Código de Trabajo de 2013, en el contexto de una redefinición de la política del Partido expresada en sus lineamientos y en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
En cuanto a la identidad de género ha sido más difícil su comprensión por la transgresión de las normas culturales, sociales y jurídicas que reconocen a la masculinidad y a la feminidad desde los atributos biológicos que definen al sexo. Las normas jurídicas vigentes en nuestro país, no reconocen a la identidad de género como constitutiva de la identidad de la persona. Por ello estamos llamados a defenderlo en el Proyecto de Constitución que hoy se nos presenta.
Por tal motivo, un grupo numeroso de cubanas y cubanos sufren de estigma, discriminación y negación de derechos por no tener una correspondencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. El sufrimiento de estas personas comienza desde edades tempranas en sus familias y sus vidas se tornan precarias durante las etapas posteriores.
Las desventajas sociales incluyen dificultades para recibir una educación con calidad, pobre acceso a un empleo digno, problemas en la atención de salud, pobre participación política y social, proclividad a actos delictivos y mayor vulnerabilidad a contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras.
La inclusión de la identidad de género y la orientación sexual en el artículo de igualdad del proyecto de Constitución que será sometido a referendo es congruente con los principios de nuestro socialismo enmarcados en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
La implementación de políticas respaldadas en leyes concretas sería un acto de justicia y de respeto a la dignidad plena del ser humano. Desde el punto de vista ético, reconoce a la autonomía y a la libertad personal, a la identificación de grupos vulnerables para su protección y resarcimiento por limitación del disfrute de derechos, además de entender que la identidad de género masculina y femenina no se vive ni se expresa de igual manera en cada persona, ni siquiera en aquellas en que la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.
La definición del matrimonio como la unión entre dos personas, propuesta realizada por Vilma Espín Guillois cuando se discutía el proyecto la Constitución de 1976, se ajusta a los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Aunque no son principios vinculantes (de obligatorio cumplimiento) ofrece un marco referencial con los que nuestro Estado y Gobierno se han comprometido a trabajar en el marco de la política internacional y doméstica.
La actualización del concepto de matrimonio como la unión entre dos personas no quita derechos a las personas heterosexuales, repito, no quita derechos a las personas heterosexuales, sino que los extiende desde el principio de equidad al disfrute del reconocimiento legal de la unión entre dos personas, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género. La garantía de este derecho humano no privilegia a un grupo de ciudadanas y ciudadanos en detrimento de otro.
Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Dicha realidad está sustentada por múltiples investigaciones científicas nacionales e internacionales y en las experiencias jurídicas de más de quince años si nos atenemos al Derecho Comparado.
Diputadas y diputados:
Las familias cubanas resultarán fortalecidas si se actualizan las políticas normativas vigentes. En la construcción socialista que aspira nuestra Nación deben dejarse detrás los preceptos burgueses que rigen la configuración de un solo tipo de familia. Los cambios legislativos deben tener un impacto educativo y transformador de las normas culturales en relación a la constitución de las familias.
Las diputadas y diputados que apoyamos los equitativos cambios que se han incluido en el proyecto de Constitución somos conscientes de que para muchas personas de bien, algunos de estos artículos contradice sus valores morales y religiosos. Reconocemos además el derecho de las diferentes congregaciones religiosas a expresar sus posicionamientos sobre el matrimonio y la familia desde las doctrinas del Evangelio. De hecho, ninguna de las propuestas contenidas en este proyecto constitucional atentan contra las formulaciones doctrinales que cada Iglesia o congregación religiosa disponga en sus espacios y con sus practicantes.
La separación entre Iglesias y Estado y los deberes de este último como garante de derechos humanos continúan vigente. El Estado laico debe garantizar los derechos de todas y todos, sin privilegios ni en detrimento de los derechos de minorías.
La unidad nacional es un principio del proyecto de Nación de inspiración socialista y soberana. Lo sabemos por las lecciones de nuestra historia de independencia que cristalizó por la obra y pensamiento de Fidel. La incorporación de nuevos referentes, entre los que se incluyen a grupos humanos cuyo género y sexualidad no se alinean con la heterosexualidad, redundará en una mayor unidad de la Nación. Son cientos de miles de cubanas y cubanos con lo que se tiene una deuda histórica y que como ocurre con las personas de piel negra, las mujeres heterosexuales, los campesinos, las personas religiosas y las personas discapacitadas forman parte de ese sentido de la cubanidad. Negarlos, borrarlos o silenciarlos, además de constituir una injusticia, fractura el proyecto de Nación que queremos construir.
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