Por Sara Más
La Habana, mayo (Especial de SEMlac).- Si finalmente se aprobara en Cuba una ley que legalizara las uniones entre personas del mismo sexo, aún pendiente de discusión en el parlamento, Luis Enrique Mederos estaría entre quienes no dudarían en beneficiarse con esa posibilidad.
“No es solo una aspiración para que se reconozcan como válidas las relaciones entre personas homosexuales, es también una necesidad para garantizar su protección patrimonial”, aseguró a SEMlac este diseñador gráfico de 42 años, residente en la capital cubana.
Legalizar una relación que ya remonta unos 10 años sería la única posibilidad que tendrían Mederos y su pareja para que uno de los dos pudiera heredar y disponer, en caso necesario, de los bienes materiales que han ido creando juntos en años de trabajo y convivencia.
“Sería también una forma de ayudar a la aceptación en las familias y la sociedad”, agrega Mederos, para quien ese reconocimiento legal funcionaría también, de algún modo, como un amparo social.
Aunque no está escrito ni prohibido en ninguna parte, él ha vivido la experiencia, por ejemplo, de que su pareja no fuera bien recibida en el hospital, alguna vez, cuando debió estar internado. “No me lo dijeron directamente, pero me sugirieron que fuera a cuidarme alguien de mi familia, ¿es que acaso mi pareja no es la familia que elegí?, ¿quién mejor para cuidarme que la persona que vive conmigo?”, se pregunta.
Con criterios a favor y en contra, el tema del respeto a la diversidad sexual ha irrumpido con fuerza, una vez más, en las calles y conversaciones cotidianas por esta isla del Caribe, mientras se hace más visible la comunidad de gays, lesbianas, trans y bisexuales (LGTB), en medio de la Cuarta Jornada nacional contra la homofobia.
Con posturas encontradas y por ratos radicales, emergen argumentos como que las relaciones entre personas del mismo sexo pueden existir, pero no hay por qué estimularlas ni estarlas exhibiendo, si hasta hora “han permanecido existido en la intimidad y no han hecho falta en la calle”, como comentó a SEMlac un joven universitario.
Mientras en la isla caribeña este sigue siendo un tema en discusión y que encuentra no pocas resistencias, el 6 de mayo último fue reconocido en Brasil el derecho a la unión civil. Ese país se agregó a Colombia, Ecuador y Uruguay, entre las naciones latinoamericanas donde gays y lesbianas tienen derecho a la unión, así como a las iniciativas previas de Argentina y el Distrito Federal de México, que han reconocido el matrimonio homosexual.
Sin noticias concretas aún sobre el curso que llevará la propuesta legislativa en Cuba, especialistas y activistas de la comunidad de lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB) abogan no solo por divulgar más los pormenores de tales modificaciones, sino porque se entienda el valor humano que encierran.
“Los cambios propuestos al Código de Familia en Cuba no benefician solamente a grupos y personas específicas”, precisó durante una disertación, a mediados de abril, la jurista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Zulendrys Kindelán. “No se trata entonces de promulgar una ley aparte para la comunidad LGTB, sino de un Código para todas las familias”, sostuvo.
Promovido por la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Juristas de Cuba, el proyecto de modificaciones ha contado con aportes de varias instituciones, incluidos centros de estudios de la Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Educación Sexual, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el Centro de Estudios de la Mujer y las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.
Más allá de las propuestas alusivas a la diversidad sexual, entre las nuevas modificaciones se atempera el lenguaje a las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño, se erradica la alusión a “menores de edad” por las de niñas, niños y adolescentes, que indica mejor las diferencias en etapas de desarrollo.
Igualmente se amplía el contenido de la patria potestad y se incluyen nuevos tipos; se elimina la preferencia por la madre para otorgar la guarda y cuidado en los casos de divorcios.
Además, se establecen derechos de comunicación familiar de abuelos, abuelas y otros parientes y se introducen nuevos títulos, como la asistencia a madres o padres en circunstancias especiales, la asistencia a personas adultas mayores y discapacitadas.
La idea es actualizar un Código de Familia que fue promulgado en 1975 y, en su momento, fue uno de los más avanzados de la región. “Las modificaciones relativas a la diversidad sexual e identidad de género abarcan solo un tercio entre importantes cambios que se proponen”, precisó Kindelán.
En ese capítulo se ha incluido el reconocimiento legal a las uniones del mismo sexo y la referencia expresa de que la familia es el primer eslabón responsabilizado con garantizar el apoyo y protección a las personas LGTB, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, pues “es en la familia donde primero encuentran rechazo, en muchos casos, estas personas”, comentó la jurista
De aprobarse el código en esos términos, será ilícito o contrario de derecho el actuar de un padre que excluya de los aspectos familiares a su hijo, “porque no le gusta” o “es diferente”.
“No es mi caso, pero todavía hay muchas personas que sufren el rechazo de padres, hermanos y otras personas de la familia”, aseguró Mederos, activista del grupo Hombres por la Diversidad (HxD), quien recordó el caso de un padre arrepentido que acudió a esa agrupación intentado establecer el paradero de un hijo gay, al que había expulsado hacía dos años de su casa.
El proyecto legal no plantea el matrimonio homosexual, pues la intención no es agredir los cánones jurídicos establecidos, como la constitución, que fija el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En materia de derecho, ninguna otra norma legal debe contradecirle.
En este caso se propone considerar legales las uniones de personas del mismo sexo, lo que significaría que, al tener efecto legal, a sus integrantes les corresponden todos los derechos que tocan igualmente a las uniones matrimoniales o legales, incluidos los personales y patrimoniales.
“No es cuestión de capricho, sino de derechos”, opina Mederos, partidario además de que las leyes ayudan, pero no bastan. “No creo que el cambio y la aceptación a nivel social sean tan rápidos: además de la ley, se necesita tiempo, educar a las personas, convencerlas; llevará muchos años”, asegura.
El código de familia tampoco resuelve el tema del cambio de identidad de las personas transexuales, incluidos sus documentos registrales, aunque sí las favorece al plantear como principio el respecto a su felicidad, con la familia como espacio de protección y soporte.
En materia de adopción tampoco es específico, mientras socialmente se mantiene una práctica de asociar el beneficio de los niños con la heteronormatividad.
No incluye, por otra parte, alusiones a los servicios de reproducción asistida, que en Cuba se avienen a criterios estrictamente a casos relacionados con patologías clínicas.
De cualquier modo, las leyes protectoras son muy necesarias, pero no suficientes. “No se trata de imponer, sino de convencer. Aunque sea un camino largo, queremos llegar por convicciones, educar a la gente; y quienes legislan son parte de la población”, aseguró la directora del Cenesex, Mariela Castro, al comentar el asunto durante la celebración de las IV Jornada Cubana contra la Homofobia.
“Este tema no lo va a resolver el Código de Familia, pero sin duda va a trazar, si se aprueba, una pauta muy importante en la sociedad”, opina Mederos.
