 |
| Carlos Alejandro Rodríguez |
 |
| Alberto Roque |
 |
| Nomi Ramírez |
El activismo a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ en la isla ha puesto en el centro de los reclamos el reconocimiento legal de las relaciones no heterosexuales. El gobierno y la sociedad cubana no han resuelto a favor de las parejas homosexuales, pese a los adelantos que vive el mundo y la región latinoamericana con la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras leyes. El debate Uniones homosexuales en Cuba, contrapunteo a favor de los derechos presenta las opiniones de Nomi Ramírez, activista trans integrante de la Red TransCuba; el joven periolosdista Carlos Alejandro Rodríguez y Alberto Roque, médico y activista por derechos de las personas LGBTIQ.
¿Estaría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o del reconocimiento legal de las uniones consensuales? ¿Por qué?
Estoy a favor de cualquier solución, matrimonio o reconocimiento legal. Lo importante es que las personas encuentren un apoyo legal porque es una necesidad en nuestra comunidad. A mí me gustaría casarme, eso es algo bonito. Si encuentro a la persona ideal y se dan las condiciones lo haría, sería rico. Yo creo que es algo que ayuda a desmitificar un poco a las personas LGBTIQ, con el prejuicio de que son "promiscuas".
Estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo. Por eso no creo que la legalización de las uniones consensuales resulte una vía legítima para reconocer el vínculo entre las parejas homosexuales. ¿Qué implicaría reconocer legalmente la unión consensual entre personas del mismo sexo o género mientras se rechaza la opción del matrimonio? En primer lugar la legalización de las uniones consensuales pautaría un tratamiento diferenciado, discriminatorio, a un tipo de parejas que no cumplen con los requisitos ideales ante la ley. (El principal de esos requisitos se trata, efectivamente, de la heterosexualidad). Legalizar estas uniones mientras se niega el derecho al matrimonio igualitario deja entrever —a mi juicio— la resistencia homofóbica de muchos sectores descontentos con que las parejas homosexuales y heterosexuales puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos.
Además, la idea de la unión consensual se ajusta perfectamente a uno de los argumentos usados habitualmente contra el matrimonio gay. Muchas personas, en algún tipo de posición homofóbica intermedia, aceptarían que se legalice la unión consensual entre personas del mismo sexo, pero se oponen a que se ese tipo de relación se llame "matrimonio", porque el matrimonio —dicen ellos— fue concebido para el hombre y la mujer. Ese es el argumento o el prejuicio semántico que trasluce la homofobia parapetada detrás de supuestas posturas avanzadas.
Por otro lado, a muchas personas homosexuales no les interesa la institución matrimonial. Es más, la consideran una forma de unión burguesa y obsoleta. Sin embargo, aun en este lado, yo estoy convencido de que el matrimonio igualitario debe existir como posibilidad. Se trata de reconocer iguales derechos a todos los seres humanos. Y no debería suscitarse más debate. Sin embargo, la homofobia persiste e impide que los miembros de la comunidad LGBTI puedan unirse de acuerdo a la ley.
Fíjate, como no existe el matrimonio igualitario, los miembros de las parejas gais y lesbianas no tenemos derecho a la adopción ni a la herencia. Ni tampoco podríamos tomar decisiones trascendentales en el caso de que nuestra pareja sea sometida a procedimientos médicos, por ejemplo. Es que, en realidad, para las leyes cubanas no existen las parejas homosexuales.
La respuesta a la pregunta tiene, a mi entender, tres componentes: político, estratégico y personal. Desde el punto de vista político abogar por el reconocimiento de una estructura desprestigiada, patriarcal, burguesa, estratificada en poderes (aunque se diga que se basa en la igualdad) es como mínimo una actitud reaccionaria y conservadora. Es conveniente recordar que el matrimonio devino en institución con el surgimiento del Estado burgués moderno y fue una de las concesiones que concedió a la Iglesia cuando esta última perdió el poder político. Dicha concesión no fue gratuita ni una obra de caridad, sino que dio cuerpo al llamado contrato social que institucionalizó la ideología del patriarcado, legitimó los dominios de la esfera pública para los hombres heterosexuales y consideró a las mujeres como naturalmente subordinadas y confinadas al espacio doméstico y privado. Intencionalmente se persiguieron y se intentaron normalizar a las sexualidades y géneros que no se ajustaban a dicho contrato.
Si miramos a la Cuba actual, las personas heterosexuales han desvalorizado crecientemente al matrimonio y el índice de divorcios es significativamente alto. Las propias familias se han redimensionado de forma diversa y compleja. Sin embargo, para numerosas personas con sexualidades y géneros no heteronormativos (autodefinidas como lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y otras prácticas, parentescos e identidades no heteronormativos) excluidas totalmente de la Ley, el matrimonio parece ser la única forma de legitimar sus relaciones de parentesco, sin contar con que muchas de ellas creen en sus valores fundacionales religiosos. En nuestro país no conozco que se haya investigado sobre la opinión que este grupo humano tiene sobre el matrimonio.
En cuanto al componente estratégico, el matrimonio igualitario es una vía para acceder a derechos patrimoniales, de sucesión y de herencia, que son derechos humanos negados a un grupo importante de ciudadanas y ciudadanos. El matrimonio igualitario, de garantizar todos los derechos, tendría un notable efecto educativo para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, aún con los sesgos y las limitaciones de que adolece. El sistema jurídico sería más equitativo y tendría el efecto simbólico de arrancar un privilegio al poder heteronormativo. El desafío está en modificar la institución matrimonial hacia formas verdaderamente equitativas, responsables y libertarias. Podemos tener más derechos, pero de nada vale seguir reproduciendo relaciones filiales y amorosas opresivas.
Como sujeto profeminista creo que lo personal es político. La mirada que toma como perspectiva mis vivencias de muchos años en una relación amorosa no heteronormativa, abierta y fluida, es también política. Si tuviese que responder a esta pregunta sin los debidos matices, diría que el matrimonio debe desaparecer y abogaría por un mínimo control del Estado sobre las relaciones filiales, solamente aquellas que garanticen la protección de las personas vulnerables o en los casos del patrimonio. También pediría el reconocimiento de las uniones poliamorosas, la inclusión de un enfoque no binario de género que garantice las uniones y las diferentes configuraciones de familias desde construcciones identitarias maleables no asimétricas y equitativas. Despojaría de todo contenido religioso, biomédico y jurídico a las uniones amorosas entre los seres humanos y centraría mis esfuerzos en modificar las bases culturales que perpetúan la hipócrita monogamia y el sentido de posesión entre los seres humanos cuando dicen sentirse enamorados. Mientras tanto, como ser social, debo enmarcarme en una estrategia, sobre las bases políticas y culturales existentes, sin perder la mirada crítica y transformadora.
¿Cuáles son las principales resistencias y barreras a superar en Cuba para reconocer los derechos de las parejas homosexuales?
Cómo te decía, la discriminación y los prejuicios que están enraizados en la mente de algunas personas que creen no tenemos derechos, incluso no merecemos vivir.
Las personas piensan que no nos interesa el matrimonio o la unión legal y que no tenemos pareja estable. Pero eso no es cierto. Yo tuve una relación de siete años y otra de cuatro. Conozco parejas de más de diez años, amigos míos que tienen una vida juntos, casa, negocio.
El matrimonio puede ser algo protector para las personas. Es muy triste saber que un día te puede pasar algo y tu pareja, la persona que estuvo contigo hasta el momento final queda desprotegida, cualquier familiar puede botarla de la casa, dejarla sin nada.
Unos amigos míos, hablando de este asunto, me decía que iban a hacer un testamento pero no todas las personas piensan en eso. Además tampoco todas las relaciones terminan en buenos términos y nosotros también tenemos derecho a la protección que tienen los heterosexuales cuando se divorcian.
Nunca me gustó entrar en el debate simplista que intenta determinar si la sociedad está preparada o no. La sociedad puede estar o no preparada, pero esa valoración me parece secundaria. Lo que debería primar es la voluntad estatal y legislativa de reconocer a todos los cubanos y cubanas como iguales ante la ley. Y esa voluntad, si es firme y sincera, no debería postergar demasiado la aprobación del matrimonio. El acceso al matrimonio igualitario no se trata de un derecho que nadie deba concedernos, es un derecho que nos pertenece. Ni siquiera se me ocurre que el asunto pudiera ser sometido a plebiscito, porque los derechos —como tantas veces se ha dicho— no se plebiscitan. ¿A alguien se le ocurriría someter a referéndum público el derecho de las personas negras —por ejemplo— a formar parte de parejas interraciales? No, claro que no. Y tampoco debería valorarse esa posibilidad trasnochada en el caso del matrimonio igualitario. Deberíamos asumir de una vez el principio de igualdad esgrimido en la Constitución cubana.
Más que derechos de las parejas homosexuales, se trata de derechos para toda la ciudadanía en cuanto a las relaciones de parentescos. Las barreras son de carácter estructural, cultural y políticas.
Las estructurales requieren de una redifinición del contrato social, que se comprenda como un contrato sexual no excluyente y no estratificado por relaciones de poder. Las políticas definidas por nuestro Estado socialista (en transición) en relación al parentesco y la familia (en singular) son esencialmente burguesas y conservadoras, binarias, y estrechas. Y no me refiero solamente a las Leyes sino al conjunto de todas las políticas que legitiman al matrimonio heterosexual y a la monogamia obligatoria (aunque en la práctica sea bien distinta). Así lo vemos en la práctica pedagógica, en la atención de salud, en los medios de difusión, en los cuerpos armados, en las relaciones de producción, entre muchas otras. Con esto no quiero decir que no se hayan producido cambios sustantivos sobre este particular dentro de la experiencia de la construcción socialista en Cuba, pero aún contamos con demasiados silencios y negaciones en relación a las relaciones de parentesco entre personas con sexualidades no heteronormativas y hacia las personas heterosexuales también.
Antes de pasar a las otras barreras, quiero mencionar un derecho de parentesco negado a las parejas del mismo género y de difícil acceso para las propias parejas heterosexuales: la adopción. En Cuba es un privilegio vinculado al matrimonio heterosexual, bajo premisas burocráticas arcaicas, que no necesariamente confieren mayor felicidad a la infancia. Ninguna investigación ha podido demostrar que se requiere de la coincidencia de la figura materna y paterna para el normal desarrollo de la infancia. Las propias evidencias científicas han superado este postulado de principios del siglo XX. Adicionalmente se ha comprobado que el desarrollo de la infancia no es muy diferente en las y los infantes que han crecido en el marco de una familia monoparental, homoparental o lesbomaternal.
Las barreras culturales parten de una tradición religiosa con valores predominante judeocristianos, el impacto social de la organización de Estado burgués liberal moderno en relación a la familia y en el caso de Cuba se adiciona la construcción en curso de una Nación demasiado patriarcal y homofóbica, todavía demasiado conservadora e hipócrita en cuanto a sexualidad y géneros se refiere. De estos antivalores no escapan las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos.
Las barreras políticas tienen que ver con la no cristalización de una ciudadanía con enfoque liberador en relación a la sexualidad y el género. Aunque se cuenta con un activismo naciente que ha abogado por cambios en las políticas en relación a este y otros temas, no se define una línea política ni una estrategia que haya emergido de forma espontánea desde los propios actores sociales como agentes de cambio. El Estado cuenta con instituciones que abordan estas políticas, pero no reconoce la emergencia de liderazgos múltiples ni favorece la emergencia de grupos de la sociedad civil que aboguen por cambios en la sociedad política. Se habla de voluntad política, pero se canalizan las demandas de forma vertical y en ocasiones bastante autoritarias.
Al menos se han logrado cambios que significan una apertura en las políticas del propio Partido Comunista en estos temas y se han favorecido espacios limitados de debates durante las Jornadas contra la Homofobia. Por el momento veo un guion con propuestas atractivas pero queda pendiente la puesta en escena. Ojalá y no se escamoteen como muchas otras políticas.
¿Qué instancias o actores sociales son claves en este debate? ¿Cómo valoran su actuación?
Ya nuestra comunidad habla del tema y hace demandas. Aunque todavía no todos estamos dando lo mejor. Hay personas LGBTIQ que viven el día a día y no se vinculan al activismo, no conocen sobre nuestros derechos—como vivía yo antes de comenzar en la Red Trans Cuba—y no creen que pueden hacer otras cosas. Quienes nos beneficiaríamos de estos derechos tenemos que ganar más conciencia.
También haría falta más apoyo de los medios de comunicación y que hablaran más de este tema, de manera inteligente y adecuada, eso es muy importante. Muchas personas en Cuba no se imaginan que las personas gays anhelan, necesitan y merecen el derecho a unirse legalmente.
Yo creo que cualquier institución y grupo es importante como aliado. El Cenesex y el equipo de juristas siempre nos acompañan en este tema, siempre están al lado de nosotros, mano a mano. Por ejemplo creo que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) también pudiera ser una buena aliada.
En el punto donde estamos ahora creo que la instancia con más responsabilidad es la Asamblea Nacional del Poder Popular, el principal órgano legislativo de Cuba. Sin embargo, el parlamento cubano no se decide de una vez a discutir el anteproyecto de Código de Familia, postergado de un año a otro, por motivos que solo conocen las altas instancias cubanas.
En esa misma Asamblea, Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ocupa un escaño como diputada. Eso significa que ella, como cualquier otro parlamentario, podría hacer valer su iniciativa legislativa después de cumplir los requisitos dispuestos por la ley. Pero ningún diputado, que yo sepa, se ha atrevido a promover una ley sobre el matrimonio igualitario o las propias modificaciones al Código de Familia.
Toda la sociedad debe incorporarse a este debate, de lo contrario se podrán aprobar leyes, pero no se desarticularán las relaciones de dominación imperantes en la sociedad civil y política. Las instituciones cubanas todas tienen la responsabilidad de promover estos cambios, así lo establece la política del Partido.
El mayor consenso posible puede lograrse sin resquebrajar los principios fundamentales que sustenten la unidad nacional. Cuanto más se dialogue y se confronten ideas de forma respetuosa más sólidos será el modelo de Nación que queremos construir. La unanimidad apela más a la simulación que a la unidad.
En lo particular somos las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos los actores claves en este debate. Nadie nos regalará nada.
¿Cuáles acciones creen pudieran impulsar los cambios legales a favor de las parejas homosexuales?
Más que nada hay que ponerlo a debate, por eso la importancia de los medios de comunicación para que se visibilicen más las necesidades sentidas de nuestra población.
Habría también que organizar acciones muy inteligentes y más sistemáticas, porque casi siempre se habla de la unión legal en un cine debate, en un evento específico pero necesitamos un plan que dure en el tiempo, sin llegar a abrumar a la población con demasiada información o acciones.
Ante el rezago de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sociedad civil cubana, los medios de comunicación, otras instituciones del Estado y los ciudadanos, ya sean homosexuales o no, podrían insistir de diversas formas en la necesidad de aprobar el matrimonio igualitario.
Mi novio y yo hemos investigado qué podríamos hacer en calidad de ciudadanos cubanos, como pareja gay. Pero, lamentablemente, parece que todo se reduce a un poco de activismo sin muchas consecuencias: podríamos escribir cartas a la Asamblea, pedir cuentas a nuestros diputados, los mismos que elegimos en nuestros municipios. Al fin y al cabo ellos son nuestros representantes en el parlamento. Y por eso, deberían promover nuestros reclamos.
Implementar una estrategia educativa permanente que se combine con acciones de incidencia política desde el activismo social. La estrategia educativa debe comprender el intercambio con la población y llevar el debate a los medios de difusión, además de incluir las experiencias positivas de uniones entre personas del mismo género y de sus descendientes, según corresponda. Hasta el presente este debate no ha ocurrido fuera de los espacios académicos y de activismo institucional.
También debe potenciarse el trabajo de numerosas denominaciones religiosas que realizan un trabajo ecuménico a favor de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género junto a otros actores de la sociedad civil profesional y no profesional, que pueden articularse con el trabajo institucional.
Realizar una encuesta a las personas afectadas por la negación de este derecho humano, que incluya los asuntos referentes a la adopción, las uniones entre personas trans antes y después de haberse realizado la transición de género, a las mujeres heterosexuales y homosexuales que desean reproducirse independientemente. Sus resultados serían útiles para edificar nuevas propuestas educativas y de incidencia política a favor de los cambios legales a favor de las personas con sexualidades no heteronormativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario