Prostitución, trata de personas y turismo sexual

Esta entrada será breve en virtud del poco tiempo que tengo con mis ocupaciones académicas y profesionales, pero no quiero dejar pasar por alto el tema tratado ayer en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana.
Aunque en las páginas digitales Cubadebate (apéndice del programa televisivo de marras) y Cubasí y en el propio programa los titulares solamente mencionaron la palabra «violencia», el tema central fue la prostitución y la trata de personas.
Felicito a los panelistas y su conductora por poner «sobre la mesa» dicho tópico, tan evidente y la vez tan silenciado por los discursos políticos. Las reflexiones fueron serias, balanceadas y propositivas.
El tema de la prostitución, el tráfico humano y la trata de personas tienen implícito la violencia de género y coloca en situación de vulnerabilidad a las mujeres, a las niñas y también a los hombres que practican la prostitución.
Cuando el colega Manuel Vazquez Seijido se refirió a las cuestiones jurídicas sobre la prostitución en Cuba sonó bastante absoluto y farragoso cuando afirmó que en nuestro país no se criminaliza a quien ofrece el servicio. Esto es parcialmente cierto: no se penaliza en el Código Penal, pero en la práctica es una verdad escandalosa que criminaliza la práctica de la prostitución femenina.
En Cuba solamente se penaliza al proxeneta y  las féminas que practican la prostitución, se les envía a centros de rehabilitación para su “reinserción” social, es decir, se les limita su derecho al disfrute de su libertad por políticas que no tienen basamento legal y que se ejecutan desde estrategias consensuadas entre el Ministerio del Interior y ¡la Federación de Mujeres Cubanas!
Esta doble victimización es aún más seria cuando las propias autoridades son permisivas con la práctica de la prostitución masculina. A ellos lo regresan a sus provincias (cuando este sea el caso) mediante otro decreto también discriminatorio que permite la deportación de los migrantes internos que no tienen residencia oficial en la capital.
Tradicionalmente, los estudios académicos sobre prostitución son censurados sin ambages, como si fuese algo de otro planeta o como si su tratamiento científico atentase contra la seguridad nacional.
En lo personal respeto el derecho de  cualquier persona a utilizar el cuerpo para trabajar y para su sustento económico. Lo mismo hacemos con nuestras manos y otras partes del cuerpo, por lo que me parece hipócrita la condena moral cuando dicha actividad es sexual. En este particular deseo expresar que no siempre la persona que se prostituye no tiene acceso a un trabajo digno, pues conozco a profesionales y a trabajadores y trabajadoras que ejercen la prostitución. La Epidemiología le denomina eufemística y estratégicamente «sexo transaccional».
Sin embargo, existen límites sobre los cuales deben plantearse mínimos morales. La prostitución es una actividad organizada por y para beneficios de los hombres y se basan en la explotación violenta de mujeres cisgénero, mujeres trans y hombres (en nuestro contexto se les conoce como pingueros).
Dicha práctica se torna peligrosa por la vulnerabilidad que implica ser la única alternativa que tienen estas personas para subsistir y cuando se cercena la libertad, la equidad y la autonomía de quien ofrece el servicio.
No apoyo el término «trabajo sexual» propuesto por el movimiento feminista y adoptado en los discursos y narrativas de derechos humanos de las Naciones Unidas por pactar sospechosamente con las bases ideológicas del patriarcado, implementadas en un mundo crecientemente desigual y neoliberal.
Llamemos las cosas por su nombre, desmantelemos las relaciones patriarcales. Los Estados que legalizan la prostitución son Estados proxenetas. Apoyo la propuesta del Centro Nacional de Educación Sexual de penalizar al cliente y de ampliar el debate académico y popular en relación a las causas, impactos y el análisis franco de los valores morales y sociales que se ponen en juego cuando de prostitución se trata. [Santos Suárez, 25 de enero de 2017]