Cambio de estrategia legislativa LGBT en Cuba: no en mi nombre

La diputada Mariela Castro ha declarado en México que «el matrimonio
(igualitario) será resultado de un conjunto de derechos que trabajamos
para que se garanticen en nuestro sistema jurídico". Como casi
siempre, me entero por declaraciones en el exterior y publicadas por
medios de prensa —también extranjeros—, sobre lo que nos compete a
nosotros acá en Cuba.
La activista diputada, una de las pocas interlocutoras que nuestro
partido-estado-gobierno ha considerado para tratar las potenciales
agendas sobre los derechos de las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexo en Cuba, ahora anuncia un cambio de
estrategia sin que se haya consultado a las personas cuyos derechos
continúan siendo vulnerados.
¿A nombre de quién se dan tantos giros de timón en los discursos?
¿Cuál son las propuestas concretas en el trabajo sobre los derechos
que derivarán en la aceptación del matrimonio igualitario en Cuba?
¿Sobre qué bases nuestros servidores públicos establecen las
prioridades para la garantía de estos derechos como derechos humanos?
¿Dónde está el necesario ejercicio de ciudadanía que debe
desarrollarse fuera de los marcos institucionales y en el orden
legislativo?
Hace ya algunos años he venido señalando en mi bitácora que el tema
del matrimonio igualitario ha sido pospuesto y silenciado por
coyunturas políticas oscuras. La propia Mariela, en varias entrevistas
a medios internacionales pasó de reconocer las uniones de hecho a
hablar abiertamente de la necesidad de aprobar el matrimonio
igualitario en Cuba.
A diez años de celebraciones en el mes mayo de la Jornadas Cubanas
contra la Homofobia se ha ido diluyendo este tema, que es una demanda
bastante amplia de las personas con sexualidades y géneros no
heteronormativos. En las propias redes sociales numerosos activistas
hemos promovido este debate, que han sido cubiertos por agendas
mediáticas aliadas. Mientras tanto, la consulta y la participación
amplia con los grupos vulnerables siguen esperando.
La propia diputada ha dicho en un reciente entrevista al diario
mexicano La Jornada que durante las primeras cuatro décadas de la
historia de la Revolución cubana no se tenían todos los elementos de
juicio para reconocer los derechos de las personas LGBT en Cuba.
Independientemente de las justificativo que pudiese o no parecer esta
afirmación, ya llevamos más de 10 años en que tenemos todos los
elementos para considerarlo una injusticia. ¿Cuánto tiempo necesitamos
para actuar y demostrar que existe voluntad política?
Demando transparencia en las decisiones que nos atañen a un grupo
numeroso de personas que ni siquiera tenemos el reconocimiento en las
políticas para conformar familias, para el respeto de las identidades
de género, para el respeto a los derechos reproductivos de todas las
mujeres (trans y lesbianas), entre muchos otros.
Sin conocer no podremos participar. Aunque la incidencia política en
temas de derechos humanos se origina con lo que tenemos, demandamos
con urgencia el cumplimiento de la política del Partido Comunista, que
se hagan realidad los mecanismos de participación política y social
establecidos en la Constitución de la República, que se acabe de una
vez y por todas el nefasto secretismo que define la vida de la gente
desde exiguos grupos de poder. [Santos Suárez, 14 de marzo de 2017]