lunes, 1 de octubre de 2018

Matrimonio igualitario, Iglesias y asociaciones perversas


El poder heterosexual está en proceso de duelo. La definición del matrimonio se ha convertido en uno de los artículos “más polémicos” durante la consulta popular sobre el Proyecto de Constitución.
Resulta cuando menos una hipocresía tremenda que la desvencijada institución del matrimonio esté en crisis por los propios heterosexuales que ostentan el privilegio de ejercitar el derecho a oficializar sus uniones y al mismo tiempo sean tan intensos en negarlo a las personas no heterosexuales.
El duelo está en perder un privilegio, anquilosado a la moral judeocristiana y burguesa, muy a pesar de que los divorcios y las desintegraciones familiares estén a la orden del día, en franca demostración de que ese modelo hace aguas por todas partes.
Muchas personas de bien dicen que detenerse “en esa tontería del matrimonio igualitario” es una cortina de humo frente otros aspectos más importantes. Otros lo entienden como un derecho humano. Yo me sumo al último grupo y considero que como derecho humano no es ni superior ni inferior a otros derechos contemplados en el proyecto que discutimos. Simplemente el Estado tiene la obligación moral y política de garantizarlo para todas las personas aunque de la consulta popular emanen criterios en contra.
Los derechos humanos no se plebiscitan, se garantizan; sobre todo cuando existen grupos humanos minoritarios que están en desventaja social y tienen pobre representación en las decisiones políticas.
El Estado, desde su laicidad, debe garantizar ese derecho, aún contra las posturas de las iglesias. En este aspecto resulta muy peligrosa la asonada fundamentalista religiosa que se ha evidenciado durante la consulta.
El Estado/Partido se ha mostrado sospechosamente permisivo con un proselitismo sin precedentes que ha desbordado los espacios eclesiales. Las iglesias protestantes han venido con todo: uso de formatos atractivos y en diferentes plataformas, impresión de gigantografías, más la participación coordinada en los espacios de discusión donde han usado un discurso que apela a valores universales.
Con semejante ejemplo, el Estado/Partido debiera tomar nota de cómo se hace trabajo ideológico de calidad y sobre los peligros que implican la Iglesias para el manejo de la cosa pública.
Da la impresión de que desde el interior del Partido, o mejor, desde arriba, es música para el oído lo que les iglesias plantean sobre el artículo 68. Sabemos de sobra que este largo proceso de reconocimiento de una política no discriminatoria a las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos se ha adoptado gracias a la intervención de Raúl Castro y de un pequeño grupo de decisores y asesores que comprenden las esencias y consecuencias políticas que representan no atacar las discriminaciones por todos los flancos.
El actual presidente Diaz- Canel ha mostrado una actitud congruente y fundamentada en los principios de derechos humanos, que da continuidad a los esfuerzos personales de Raúl en relación a implementar políticas no discriminatorias.
Otros militantes se manifestaron rabiosamente en contra cuando se discutió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como causales de discriminación en los Objetivos de Trabajo del Partido Comunista en 2011. Ese fue uno de los temas “más debatidos y cuestionados” entonces.
Me parece perverso que en la TV nacional sea recurrente, después de una cuidada edición, las opiniones adversas al artículo 68. Las iglesias deben sentir orgullo con tener semejantes aliados.
Imaginemos que las iglesias hubiesen distribuidos pasquines contrarios a la “moral socialista”, o con contenido racista o cuestionadores de las políticas del Estado. El Estado/Partido sabría en detalle quiénes, dónde y cómo generaron la supuesta propaganda y los límites se hubiesen impuesto.
Este post no pretende estimular la censura a las iglesias, ni mucho menos  a ningún ciudadano, más bien intenta llamar la atención sobre los límites y las responsabilidades de las iglesias como instituciones y sobre el alto costo político que tendrá si se niega algún derecho a cualquier persona por principios religiosos fundamentalistas.
También hago notar la profunda orfandad del movimiento LGBTI cubano, que repito: ni es movimiento ni es comunidad. La pobre articulación política ante el Estado/Partido cubanos y la ausencia de liderazgos horizontales de las y los activistas LGBTIQ favorecen estos lamentables hechos [Santos Suárez, 1 de octubre de 2018].