El triunfo de la Revolución cubana significó un cambio
radical en las relaciones de género, mediante la participación conjunta
de hombres y mujeres en la construcción de un proyecto de nación más
equitativa. También se formularon políticas que han refrendado el
empoderamiento y el ejercicio paulatino de los derechos de las mujeres
heterosexuales y una erosión paulatina de la hegemonía de las
masculinidades.
Sin embargo, el proyecto de nación soberana y equitativa, que desde
1959 nos hemos propuesto construir, continúa permeado de subjetividades
de carácter patriarcal. Los cambios estructurales que se produjeron al
triunfo de la Revolución cubana, refrendados en la Constitución
Socialista de 1976, no han logrado borrar la posición de subordinación
de las mujeres respecto a los hombres en el imaginario social cubano y
en las primeras cuatro décadas se generaron políticas institucionales
que excluyeron a ciudadanas y a ciudadanos cubanos cuyas sexualidades no
se ajustaban a las normas heterosexistas y patriarcales.
Con frecuencia utilizamos los términos ciudadanía, ciudadano. Algunas
personas consideran que se trata del reconocimiento de pertenencia a
una nación determinada o el reconocimiento por el Estado de los
denominados derechos ciudadanos. Sin embargo, la ciudadanía será
abordada en este texto desde una dimensión más amplia y compleja.
Toda ciudadanía es sexual
El concepto de ciudadanía surge en la modernidad para definir las
relaciones de los ciudadanos con el Estado-nación. Enunciado por
Marshall en la pasada década del cincuenta, significa garantía y
reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y
económicos.
Con la crisis de los modelos neoliberales en la
postmodernidad, se ha redefinido la ciudadanía más allá de los derechos
legales antes expuestos y se le considera como el proceso a través del
cual los sujetos y los grupos sociales participan en el reclamo,
expansión o pérdida de derechos. Entre muchas otras aportaciones, la
definición de ciudadanía se impregnó de las densas y transversalizadas
interconexiones de las categorías de clase, racialidad, género y
sexualidad.
La sexualidad es una dimensión fundamental de cada sujeto
en la construcción de su identidad personal y en la interacción con
otros en sociedad. Es por ello que se considera en la actualidad que
toda ciudadanía es sexual y, por lo tanto, es heterogénea y diversa, de
manera que debe hablarse de múltiples ciudadanías sexuales.
La
argentina Diana Maffía define la ciudadanía sexual como el proceso que
“enuncia y garantiza el acceso efectivo de ciudadanos y ciudadanas,
tanto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como a una
subjetividad política no menguada por desigualdades basadas en el sexo,
el género, la sexualidad y la reproducción”.
En las culturas occidentales, la ciudanía sexual heteronormativa
1
ha imperado mediante la acción y articulación de instituciones
históricas, impuestas desde las religiones monoteístas y asumidas por la
emergencia del Estado laico.
Los sujetos con identidades y prácticas sexuales que disienten y se
apartan de la norma heterosexual constituyen “ciudadanos otros”,
ubicados en categorías subordinadas que incluyen a personas con
identidades de género, orientaciones eróticas del deseo y prácticas
sexuales nombradas como homosexuales masculinos y femeninas, bisexuales y
personas trans (travestis, transexuales, transgénero).
La exclusión hacia las sexualidades no heteronormativas se construye
mediante el aprendizaje e internalización de concepciones
discriminatorias y violentas, asumidas como “valores” en el seno de la
propia familia, y se reproduce a nivel social tanto de forma estructural
(leyes, reglamentos, funcionamiento de las instituciones) como a nivel
subjetivo. Así se reconocen en los contextos familiares, sociales e
institucionales la misoginia (odio y rechazo a las mujeres), la
homofobia (odio y rechazo a los homosexuales masculinos), la lesbofobia
(odio y rechazo a las mujeres homosexuales), la bifobia (odio y rechazo a
las personas bisexuales) y la transfobia (odio y rechazo a las personas
con identidades y roles de género diferentes al sexo asignado al
nacer).
Ciudadanías sexuales y “la conquista” del espacio público
El derecho a la autonomía y la expresión sexual, incluso en los
espacios públicos, libre de coerción y sin producir daños a otras
personas, es privilegio estrictamente heterosexista. Resulta
significativo que en Cuba se despenalizaran las relaciones sexuales
entre personas del mismo sexo desde 1979, pero se mantuvo un control
represivo del Estado a cualquier expresión pública de las sexualidades
no heteronormativas. En 1987 se (re)penalizó la ostentación pública de
la homosexualidad y así se mantuvo hasta la reforma del Código Penal de
1997. En ese momento se igualaron las condenas para los delitos de abuso
sexual infantil, puesto que hasta ese año las sanciones eran más
severas si la víctima y el victimario eran del mismo sexo, todo ello a
pesar de que en la práctica jurídica cubana e internacional se conoce
que tales delitos son perpetrados con mayor frecuencia por personas con
prácticas heterosexuales.
Aunque se han observado avances en los cambios del imaginario social
cubano respecto a la sexualidad, aun se la percibe en nuestra cultura
como un asunto relegado al ámbito de lo privado, a pesar de estar
presente en todos los aspectos de nuestras vidas. La visibilidad pública
de esas sexualidades periféricas es crucial para lograr un acceso al
ejercicio y disfrute de sus derechos ciudadanos. Si las sexualidades no
heteronormativas carecen de un lugar en el espacio público, no existen
para el Estado y no se implementarán políticas para atender sus
necesidades específicas.
La existencia de sitios de encuentro para personas con sexualidades
no heteronormativas ha sido documentado por la historiografía nacional
desde hace varios siglos. Desde finales de la pasada década de los
ochenta --y sobre todo en la década siguiente—, las personas
homosexuales masculinas y trans se muestran en sitios de encuentro en
las principales ciudades del país. Si bien son crecientemente visibles,
ocupan espacios geográficos --no siempre seguros— en las ciudades
capitales y se muestran, fundamentalmente, en las noches y las
madrugadas.
Dichos escenarios se distinguen por flujos heterogéneos de
ciudadanos, muchos de ellos con situaciones sociales y económicas
precarias, migrantes de territorios con pobres oportunidades económicas.
Hombres y personas trans encuentran en estos lugares un terreno fértil
para la supervivencia económica, mediante el ejercicio del trabajo
sexual/prostitución. Estos ambientes se toman como referentes para
etiquetar como “antisociales” a todas las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans.
En la década del noventa, las personas trans irrumpieron en el ámbito
público, el transformismo retomó algunos de los pocos sitios de
recreación que sobrevivieron a la profunda crisis de esa década, pero
las mujeres lesbianas permanecieron relegadas al ámbito privado. Desde
entonces, las parejas del mismo sexo son más visibles, fundamentalmente
en zonas urbanas, y las personas homosexuales masculinas y femeninas
mostraron su orientación sexual con mayor apertura en los dominios
laborales y de participación política. Progresivamente dejó de
prohibirse la membresía al Partido Comunista de Cuba a personas
lesbianas y gays.
Sin embargo, esto no significa que las mujeres lesbianas y
bisexuales, y los hombres homosexuales y bisexuales cubanos disfruten
hasta el momento del ejercicio de una ciudadanía plena. La integración
creciente de estos sujetos se filtra a través de un tamiz de asimilación
tolerante que no promueve el respeto y la relación empática con la
heterosexualidad, ni garantiza una participación plena en las decisiones
referentes a sus derechos sexuales y reproductivos.
Muchos sujetos
con identidades no heteronormativas adoptan estrategias de “integración
social” que les permite “pasar como heterosexual” o no se cuestionan el
status quo heteronormativo. Por su parte, los ciudadanos y ciudadanas
con privilegios heterosexuales promulgan el supuesto derecho al respeto a
sus sexualidades y aceptan o toleran a los no heterosexuales, mientras
no interpelen sus privilegios heterosexistas.
En este orden heteronormativo, las personas trans enfrentan desafíos
aún mayores en el reconocimiento de su ciudadanía sexual, puesto que la
expresión de su identidad de género implica comportarse y vestirse con
atuendos y accesorios diferentes a los esperados para al sexo asignado.
El estigma y la discriminación que sufren estas personas se generan
desde edades muy tempranas en el seno de sus familias. Se les limita el
derecho a cursar estudios superiores, a trabajar y participar social y
políticamente, por tener datos de identidad legal que no se corresponden
con su apariencia física y por un explícito rechazo a su apariencia
femenina, en el caso de las personas trans femeninas.
Como ocurre en el caso de las personas homosexuales y bisexuales, el mundo cisgénero
2
(no trans) también tolera a las personas trans femeninas (hombres
biológicos que se identifican con la feminidad) que pasen exitosamente
como mujeres, con todos los atributos externos y de comportamiento que
definen la feminidad en un contexto histórico determinado; lo mismo pasa
con las personas trans masculinas (mujeres biológicas que se definen
como masculinos). Para muchas personas trans, el reconocimiento legítimo
de su ciudadanía sexual implica parecer o pasar como una mujer o un
hombre legítimo. Los “tratamientos de transición”, incluyendo las
cirugías de readecuación genital (denominadas incorrectamente “cambio de
sexo”) cumplen con este propósito.
Aquellas personas trans que no
deseen o tengan contraindicaciones médicas para someterse a estos
tratamientos quedan en un limbo jurídico, al tener identidades legales
con las que no se identifican en lo absoluto.
Sexualidad y políticas equitativas: “lo que no se menciona no existe”Las
prácticas sexuales consentidas entre hombres formaron parte de las
políticas de salud con el surgimiento de la epidemia del sida en nuestro
país, en 1985. Se aplicó el régimen de internamiento obligatorio
--desde 1986 hasta 1993— a las personas seropositivas al VIH, refrendado
por el Decreto-Ley No. 54, del 12 de Abril de 1982 sobre Disposiciones
Sanitarias Básicas. La epidemia del sida se enfrentó como cualquier otra
enfermedad transmisible, mediante la aplicación del Artículo 9 del
Decreto Ley 54, que posibilitaba el internamiento obligatorio de toda
aquella persona con una enfermedad transmisible que representara “un
peligro” para la sociedad. El derecho ciudadano a la salud se garantizó
de forma gratuita y con una alta calidad en la atención, pero se
generaron críticas a nivel internacional por la limitación del derecho
al movimiento y a la participación en los espacios públicos, así como la
violación del principio de autonomía de las personas con VIH.
Enmarcado en el Programa Nacional de Prevención y Control del
VIH/sida, desde el año 2000 se implementó a nivel nacional, con el apoyo
de agencias de las Naciones Unidas, un proyecto de prevención de las
ITS y el VIH para Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Los
objetivos y acciones del proyecto HSH incluyen, entre muchos aspectos,
mitigar el impacto de la homofobia como determinante social en la
transmisión del VIH, que hasta la fecha ocurre en un 80 por ciento por
hombres. Un año más tarde, junto al
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex),
se comenzó a trabajar con personas travestis, cuyas prácticas sexuales
se consideraban epidemiológicamente como “relaciones sexuales entre
hombres”. Desde un enfoque salubrista, muchos actores sociales se
convirtieron en promotores para la prevención del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual en la comunidad, mediante la educación
sobre prácticas sexuales seguras, sin interferir con la libertad
personal. Este proyecto también ha promovido el empoderamiento y la
solidaridad entre las personas, las estrategias para enfrentar la
homofobia y la transfobia, independientemente de la orientación sexual y
la identidad de género y, en los últimos años, ha resaltado el papel de
las masculinidades hegemónicas como determinante social de la salud (de
género) en la transmisión del VIH.
Ser una persona con VIH no limita legalmente el ejercicio de su
ciudadanía. Así está dispuesto en varias resoluciones de los organismos
de la administración central del Estado cubano (Ministerio de Salud
Pública y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social). Sin embargo, no se
protege de forma explícita a las personas con VIH por actos
discriminatorios mediante
leyes de orden administrativo y civil,
además de que se continúan realizando pruebas de VIH en los exámenes
pre-empleo y a las personas que viajan al exterior en calidad de
colaboradores, sin el debido consentimiento informado que, desde el
punto de vista bioético, presupone un respeto a la autonomía de la
persona en relación a develar su seroestatus, sus prácticas sexuales y
su orientación sexual. Por el contrario, en la legislación penal cubana
se menciona explícitamente a las personas con VIH en el artículo 187
en los Delitos Contra La Salud Pública en su Sección Primera: Propagación de Epidemias.
En materia educativa, en las últimas tres décadas el Cenesex ha
desarrollado un amplio trabajo enmarcado en el Programa Nacional de
Educación Sexual. Junto a numerosas instituciones gubernamentales y de
la sociedad civil, la institución estatal conmemora desde 2007 el Día
Internacional contra la Homofobia cada 17 de mayo. Desde 2008 las
actividades se desarrollaron en el ámbito de una jornada alrededor de la
fecha, que ha promovido desde entonces el debate en la sociedad cubana
sobre el respeto y reconocimiento de la orientación sexual y la
identidad de género sin estigma ni discriminación.
La conmemoración de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia ha
constituido un genuino laboratorio de participación ciudadana que ha
sumado a muchas personas heterosexuales. Su impacto mayor radica en
haber logrado movilizar a la opinión pública nacional e internacional en
el debate sobre estos temas, así como la creación de espacios de
participación para activistas con sexualidades no heteronormativas.
Participación para la construcción de ciudadanía: “todo el mundo cuenta”
La participación es fundamental en el proceso de construcción de
ciudadanía y, específicamente, de la ciudadanía sexual. En nuestro orden
constitucional republicano y socialista, la participación constituye un
pilar básico en el ejercicio del poder democrático y soberano del
pueblo cubano. Según plantea Valdés Paz en su obra
El espacio y el límite (La Habana, 2009), la participación pasa por los siguientes momentos:
- Tener voz: se expresan opiniones sobre temas de interés de los actores.
- Poder realizar consultas: se expresan opiniones y criterios sobre propuestas o asuntos emanados de algún nivel de dirección.
- Demanda
y agregación de demandas: se expresan demandas de servicios, bienes,
medidas organizativas o de gobierno, etc. Incluye participar en la
agregación de las demandas particulares o de su entorno.
- Realizar propuestas: se elaboran propuestas de medidas, prioridades, candidatura, etc.
- Decisión o toma de decisiones: se decide la aplicación de políticas, planes o programas, ejecución de medidas, prioridades, etc.
- Realización o ejecución: se participa en la realización o ejecución de las decisiones.
- Control democrático: se controla el proceso sociopolítico en general y
las políticas en curso en particular, así como el propio proceso de
participación.
- Evaluación: se participa en la estimación de los
resultados de la aplicación o ejecución de las decisiones estratégicas y
tácticas, generales y particulares, así como sobre el propio desarrollo
democrático en curso.
En las primeras cinco ediciones (2008-2012) de las Jornadas Cubanas
contra la Homofobia se escucharon en foros públicos la voz de las
personas con sexualidades no heteronormativas, mediante la formulación
de demandas de reconocimiento social y político de sus cuerpos y
sexualidades. El Cenesex y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han realizado consultas que toman en cuenta la opinión
de una representación de personas con sexualidades no heteronormativas,
que incluye también los posicionamientos anti-patriarcales y no
heteronormativos de ciudadanas y ciudadanos heterosexuales. Podría
afirmarse entonces que, desde esta perspectiva, nos encontramos en los
dos momentos iniciales de la participación.
Durante las dos primeras ediciones de la Jornada Cubana Contra la
Homofobia (2008 y 2009) la demanda más significativa fue la
disponibilidad de sitios de encuentro y socialización, con la inclusión
de las personas heterosexuales. Nótese cómo la conquista del espacio
público se hace imprescindible para el reconocimiento de la ciudadanía.
Desde entonces el contenido de las demandas ha transitado desde una
necesidad inicial de esparcimiento, socialización y visibilidad hacia un
mayor significado político de los cuerpos y las sexualidades.
La formación de redes sociales de activistas por los derechos
sexuales por el Cenesex, con enfoque de derechos humanos basados en los
principios de igualdad, no discriminación, dignidad humana y
solidaridad, contribuyó a promover el derecho a la ciudadanía sexual
desde un marco institucional. Entre los desafíos que aún enfrentan las y
los activistas que integran las redes por los derechos sexuales están
la implementación de programas de capacitación en los escenarios no
institucionales, fundamentalmente en las comunidades, así como poder
participar ampliamente en las acciones de abogacía e incidencia política
en relación con los derechos sexuales. También deben articularse
estrategias de participación horizontales, basadas en la educación
dialógica que combine armónicamente los objetivos institucionales y las
necesidades específicas de los grupos humanos hacia los cuales se
dirigen las acciones.
La emergencia de otras iniciativas no
institucionales, aunque con alcance limitado, también ha incidido en la
construcción de ciudadanía sexual y es expresión de la necesidad de
fortalecer la sociedad civil en estos temas.
Los discursos públicos de líderes y liderezas de opinión a favor de
la no discriminación por orientación sexual e identidad de género
también han mostrado avances en la última década en Cuba. Las
personalidades más significativas son Mariela Castro, directora del
Cenesex; Ricardo Alarcón, cuando desempeñaba las funciones de presidente
de la Asamblea Nacional de Poder Popular; el Historiador de la Ciudad,
Eusebio Leal y el intelectual y escritor Miguel Barnet, presidente de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), entre otros. En 2010
Fidel Castro reconoció durante una entrevista al
diario mexicano La Jornada
que las políticas homofóbicas aplicadas en tiempo de Revolución en Cuba
“son una injusticia” y asumió su responsabilidad sobre esos hechos. En
la VI Jornada contra la Homofobia, el Héroe de la República de Cuba René
González
expresó durante la inauguración de la gala uno de los pensamientos más hermosos y radicales de los últimos años en relación al tema: “Estamos aquí librando una batalla contra conductas que han hecho
sufrir a muchas personas. El sufrimiento por no tener libertad nos une.
Hay que eliminar toda forma de discriminación y de falta de libertad”
La clara alusión de René al sufrimiento y su relación con la
coartación de la libertad se relaciona con el costo que genera la
discriminación hacia las sexualidades no heteronormativas y su indudable
limitación en el disfrute de la ciudadanía y de una emancipación humana
plenas.
Uno de los impactos políticos más importantes que se
deriva de la campaña por el respeto a la libre orientación sexual e
identidad de género fue la inclusión de la orientación sexual en los
Objetivos de Trabajo del Partido Comunista de Cuba
en su primera conferencia nacional en 2012. Pese a proponerse en las
consultas institucionales realizadas el reconocimiento de la identidad
de género como causa de discriminación, lamentablemente no se logró, lo
cual llama la atención sobre el largo camino que debemos recorrer para
sensibilizar a nuestros decisores políticos sobre el papel medular de la
identidad de género en la identidad personal y en el derecho a la
ciudadanía.
En materia de política de exterior, el Estado cubano ha modificado su
posición en relación con los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género, al expresar la voluntad política de trabajar en su reconocimiento y respeto en los dos
Exámenes Periódicos Universales (EPU) ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre otros foros.
Un suceso sin precedentes en la historia de la nación se produjo al
elegirse a una persona trans como delegada a la Asamblea Municipal del
Poder Popular (concejala) en octubre de 2012. Su nombre es Adela y fue
elegida con amplia mayoría de votos por su reconocido liderazgo en la
comunidad pesquera del municipio villaclareño de Caibarién. Su
candidatura fue propuesta por un militante del Partido Comunista de la
localidad donde reside. El sentido de justicia social y el
empoderamiento de Adela son muestras de que las personas con
sexualidades no heteronormativas pueden ejercer sus derechos ciudadanos
mediante la participación política en la transformación de la sociedad
cubana hacia paradigmas más equitativos.
Estos hechos significan la
existencia de una voluntad política del Estado cubano en eliminar todas
las formas de discriminación. Sin embargo, persisten retos y
resistencias aún muy grandes en el complejo proceso de reconocimiento de
la ciudadanía sexual en nuestro país. Algunas de ellas se expondrán
sucintamente a continuación.
En el reciente Censo de Población y Viviendas a pesar de que la
consigna para la convocatoria fue “En Cuba contamos todos”, no se
tomaron en cuenta a las familias homoparentales ni a otras variables
referentes a la orientación sexual o la identidad de género. El Cenesex y
algunos activistas abogaron por la inclusión de las personas que
constituyen modelos de familias no heteroparentales. Estos datos
demográficos constituirían uno de los insumos sobre la necesidad –o no—
de implementar políticas que garanticen el reconocimiento de diversos
modelos de familia.
La actualización del
Código de Familia de 1975
es una de las propuestas legislativas que siguen pendientes para ser
discutidas por el Parlamento cubano. En la versión propuesta por la
Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Juristas de Cuba hace ya más
de cinco años, se actualizaban y legitimaban los modelos de familia, se
redefinía los marcos de la patria potestad y de la guarda y cuidado de
los hijos y se adicionaron enfoques de género y del reconocimiento de
diversas orientaciones afectivo eróticas entre los miembros de la
familia en un marco de equidad, entre otros. Se ha planteado también que
se reconocen los derechos patrimoniales de las uniones entre personas
del mismo sexo, pero no se sabe con claridad si se ubican o no en una
posición de desventaja respecto al matrimonio. De hecho, no se ha
realizado una consulta amplia y transparente que permita conocer y
discutir su contenido, cuestión básica que refrendaría el derecho de la
ciudadanía, sobre todo la implicada en las nuevas propuestas.
Se conoce que no se incluyó en el anteproyecto del Código de Familia
la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. No se sabe con
exactitud la apreciación que sobre este asunto tienen las personas con
sexualidades no heteronormativas en Cuba, para quienes resulta una
violación a sus derechos ciudadanos en caso de que deseen legalizar su
unión.
A nivel internacional, las organizaciones que abogan por los derechos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero consideran
perentorio luchar por el derecho al matrimonio igualitario y se le
considera una variable que mide el
estado de la homofobia, la bifobia y la transfobia en el mundo.
No obstante, algunos activistas y académicos consideran que el
matrimonio se construye sobre preceptos patriarcales y es una invención
tan histórica como la propia heterosexualidad.
Según Carole Pateman (1940- ) el pensamiento liberal invocó lo que
Jean-Jacques_Rousseau (1712 - 1778) denominó el contrato social entre la
ciudadanía y el Estado, pero debe entenderse la presencia de un
“contrato sexual” legitimado por el matrimonio, en el que el esposo es
el ciudadano y la esposa es construida como subordinada. Desde esta
perspectiva se aboga por el reconocimiento estatal de otras formas de
asociación basadas en la plena equidad de género y que garantice el
disfrute pleno de los derechos humanos. Otro aspecto que constituye una
propuesta flagrantemente inequitativa del anteproyecto del nuevo Código
de Familia es la aparente negación del derecho de adopción por las
parejas homoparentales. Pese a que el anteproyecto flexibiliza las
regulaciones vigentes al efecto en Cuba, no se logró consenso por parte
de los decisores en este tema. De confirmarse lo anterior, la decisión
se basó en prejuicios homofóbicos y transfóbicos y jamás fue consultada
con los ciudadanos interesados, además de que no existen evidencias
científicas que avalen las limitaciones o daños potenciales de las
uniones homoparentales en la crianza y cuidados de las hijas e hijos. De
hecho, numerosas
asociaciones científicas
a nivel internacional han demostrado que esta situación no produce daño
psicológico alguno en niñas y niños y, en algunos casos, les produce
beneficios al educarse con valores de igualdad y no discriminación.
Tampoco se conoce con claridad la ruta crítica que ha seguido el
anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, que desde hace ocho años
se propusiera para su revisión técnica y política. El modelo vigente en
Cuba permite el cambio registral de la identidad legal únicamente
mediante la transformación quirúrgica de los genitales, después de
establecerse un diagnóstico biomédico de trastorno de la identidad de
género, dentro de los que se incluyen a la transexualidad. Desde 2008
estos procedimientos están avalados por el Ministerio de Salud Pública
(Minsap) y se toman como hechos probatorios para que, por medio de un
proceso judicial, se adecuen todos los documentos registrales en
concordancia con la identidad de género de la persona.
Numerosas personas transexuales se han beneficiado con estos
procedimientos y, sin dudas, el reconocimiento de su identidad de género
les proporciona un acceso al ejercicio de sus derechos ciudadanos y un
alivio significativo a la angustia que les genera la discriminación por
su identidad de género.
No obstante, existen muchas maneras de sentir
y expresar las identidades trans, que no son tomadas en cuenta por la
Biomedicina y las normas jurídicas, con la consecuente limitación al
disfrute de sus ciudadanías. Muchas personas transexuales no desean
operarse, otras desean algunas modificaciones parciales de su cuerpo y
conservar los genitales. También se conoce que algunas prefieren
someterse a tratamientos parciales de transición, puesto que no desean
perder su capacidad reproductiva y otras no se autoidentifican como
transexuales y desean que se les reconozca su identidad de género,
aunque no corresponda en lo absoluto con su cuerpo.
Una Ley de identidad de género actualizaría la norma jurídica cubana
sobre el registro de la identidad legal y tendría una representatividad
más abarcadora del complejo tejido social. Como esbozamos anteriormente,
el reconocimiento de la identidad legal y de la personalidad jurídica
se basa en la categoría sexo (aspectos biológicos que nos definen como
hembras, varones o una combinación de ambos). El sexo se asigna al nacer
de acuerdo al aspecto externo de los genitales y, en casos muy
específicos, de acuerdo a los cromosomas. Sin embargo, no es raro ni
necesariamente patológico que ambos criterios no se correspondan con
otros factores biológicos (hormonales, enzimáticos, etc.), que también
determinan el sexo. Esto hace tambalear la asignación legal del sexo
como definitoria a lo largo de la vida de la identidad de la persona.
Por su parte, la construcción de la identidad de género no siempre se
corresponde con el sexo asignado y es un aspecto medular en la
construcción de la identidad personal. Tanta complejidad, diversidad y
maleabilidad de las categorías sexo y género nos llevaría a repensar las
normas jurídicas sin tomar en cuenta la división binaria entre lo
masculino o lo femenino, pero en el contexto actual sería bastante
utópica y poco práctica su implementación. Una propuesta en el
anteproyecto de identidad de género sería mantener el sexo como
categoría registral y permitir el cambio de identidad de género de
acuerdo a la construcción con la que la persona se identifica, sin
mediación médica, mediante proceso administrativo e independientemente a
la coincidencia con el sexo asignado al nacer. Así lo ha establecido la
legislación argentina, sin que se hayan afectado los intereses supremos
de esa nación y sin que colisione con el orden jurídico allí
establecido.
Emancipación plena: muchas Cubas, todas las Cubas
Según Mayra Espina, “Cuba es un laboratorio para las políticas de
igualdad”. Es por ello que se requiere de la generación de políticas
específicas —de orden jurídico y estructural— y también ampliar y hacer
sistemáticas las acciones educativas y de incidencia política sobre
diversidad sexual y derechos humanos.
No se trata de imponerle a la
ciudadanía una ley sin al menos un mínimo de consenso. Sin embargo, el
Estado cubano también debe generar políticas en el contexto de los
derechos humanos y considerar que cuando existe un grupo numeroso de
ciudadanos y ciudadanas que no están contemplados en ellas urge su
reconocimiento, tal y como se reconocieron los derechos de las mujeres y
de las personas negras al triunfo de la Revolución, sin que el pueblo
cubano “estuviese preparado” para cambios tan radicales.
Adicionalmente,
se insiste una vez más en la necesidad de articular los cambios
estructurales con aquellos que deben operar –más lentamente— en la
cultura. No tiene ningún sentido promulgar leyes que devengan letra
muerta o que impliquen la reproducción de las hegemonías de las
sexualidades no heteronormativas sobre las heteronormativas.
La verdadera equidad se logra mediante la emancipación de seres
humanos desde una perspectiva más compleja, que tome en cuenta la
intersección de otros determinantes que limitan los derechos ciudadanos,
entre ellos figuran el color de la piel, el género, la nacionalidad, el
nivel económico, la edad, las creencias religiosas, las
discapacidades, entre otras. Así lo plantea Graciela Pogolotti (“Otra
década crítica”, en La Gaceta de Cuba (1):3-8, 2013)
“Los
proyectos emancipatorios se dispersan en fragmentos inconexos, estudios
de género, movimientos gays y lesbianas, reivindicaciones de indígenas y
afrodescendientes. Se habla de inclusividad, mientras se construyen
compartimentos estancos sin tener en cuenta que solo la auténtica
emancipación humana romperá las barreras acumuladas por la historia”.
Datos del autor:
aroqueg@infomed.sld.cu Sección Diversidad Sexual de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES)
1 La sexualidad es una invención histórica, atravesada por
relaciones de poder heterosexistas, impuestas y normadas en cada cultura
durante siglos. Judith Butler toma como punto de partida el concepto de
matriz heterosexual para definir la heteronormatividad como el
“conjunto de prácticas culturales, legales e institucionales que
mantienen el enfoque normativo de la existencia de dos géneros, en
correspondencia con el sexo biológico, y que la atracción sexual entre
estos géneros es lo natural o lo socialmente aceptable”. Desde el
feminismo, el patriarcado es la ideología que posibilita la hegemonía
heterosexual masculina y considera a otras expresiones de género y
eróticas como disidentes, periféricas o marginales.
2 La activista trans estadounidense Julia Serano ha aportado
el término cisgénero para referirse a las personas que no son
transgénero, es decir, aquellas en las que existe una correspondencia
entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer.
