El
poder heterosexual está en proceso de duelo. La definición del matrimonio se ha
convertido en uno de los artículos “más polémicos” durante la consulta popular
sobre el Proyecto de Constitución.
Resulta
cuando menos una hipocresía tremenda que la desvencijada institución del
matrimonio esté en crisis por los propios heterosexuales que ostentan el
privilegio de ejercitar el derecho a oficializar sus uniones y al mismo tiempo
sean tan intensos en negarlo a las personas no heterosexuales.
El
duelo está en perder un privilegio, anquilosado a la moral judeocristiana y
burguesa, muy a pesar de que los divorcios y las desintegraciones familiares estén
a la orden del día, en franca demostración de que ese modelo hace aguas por
todas partes.
Muchas
personas de bien dicen que detenerse “en esa tontería del matrimonio
igualitario” es una cortina de humo frente otros aspectos más importantes. Otros
lo entienden como un derecho humano. Yo me sumo al último grupo y considero que
como derecho humano no es ni superior ni inferior a otros derechos contemplados
en el proyecto que discutimos. Simplemente el Estado tiene la obligación moral
y política de garantizarlo para todas las personas aunque de la consulta
popular emanen criterios en contra.
Los
derechos humanos no se plebiscitan, se garantizan; sobre todo cuando existen
grupos humanos minoritarios que están en desventaja social y tienen pobre
representación en las decisiones políticas.
El
Estado, desde su laicidad, debe garantizar ese derecho, aún contra las posturas
de las iglesias. En este aspecto resulta muy peligrosa la asonada fundamentalista
religiosa que se ha evidenciado durante la consulta.
El
Estado/Partido se ha mostrado sospechosamente permisivo con un proselitismo sin
precedentes que ha desbordado los espacios eclesiales. Las iglesias
protestantes han venido con todo: uso de formatos atractivos y en diferentes
plataformas, impresión de gigantografías, más la participación coordinada en
los espacios de discusión donde han usado un discurso que apela a valores
universales.
Con
semejante ejemplo, el Estado/Partido debiera tomar nota de cómo se hace trabajo
ideológico de calidad y sobre los peligros que implican la Iglesias para el
manejo de la cosa pública.
Da
la impresión de que desde el interior del Partido, o mejor, desde arriba, es
música para el oído lo que les iglesias plantean sobre el artículo 68. Sabemos
de sobra que este largo proceso de reconocimiento de una política no
discriminatoria a las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos
se ha adoptado gracias a la intervención de Raúl Castro y de un pequeño grupo
de decisores y asesores que comprenden las esencias y consecuencias políticas
que representan no atacar las discriminaciones por todos los flancos.
El
actual presidente Diaz- Canel ha mostrado una actitud congruente y fundamentada
en los principios de derechos humanos, que da continuidad a los esfuerzos
personales de Raúl en relación a implementar políticas no discriminatorias.
Otros
militantes se manifestaron rabiosamente en contra cuando se discutió la
inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como causales de
discriminación en los Objetivos de Trabajo del Partido Comunista en 2011. Ese
fue uno de los temas “más debatidos y cuestionados” entonces.
Me
parece perverso que en la TV nacional sea recurrente, después de una cuidada
edición, las opiniones adversas al artículo 68. Las iglesias deben sentir
orgullo con tener semejantes aliados.
Imaginemos
que las iglesias hubiesen distribuidos pasquines contrarios a la “moral
socialista”, o con contenido racista o cuestionadores de las políticas del
Estado. El Estado/Partido sabría en detalle quiénes, dónde y cómo generaron la
supuesta propaganda y los límites se hubiesen impuesto.
Este
post no pretende estimular la censura a las iglesias, ni mucho menos a ningún ciudadano, más bien intenta llamar la
atención sobre los límites y las responsabilidades de las iglesias como
instituciones y sobre el alto costo político que tendrá si se niega algún
derecho a cualquier persona por principios religiosos fundamentalistas.
También
hago notar la profunda orfandad del movimiento LGBTI cubano, que repito: ni es
movimiento ni es comunidad. La pobre articulación política ante el Estado/Partido
cubanos y la ausencia de liderazgos horizontales de las y los activistas LGBTIQ
favorecen estos lamentables hechos [Santos Suárez, 1 de octubre de 2018].
