4/17/2017

Revolución no es exclusión

Estoy preocupado pero no sorprendido. La Universidad Central Marta Abreu de las Villas (UCLV) ha expulsado a la estudiante de periodismo Kala María Pérez González.


Mediante una declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), se justifica el hecho por la pertenencia de la estudiante a la organización contrarrevolucionaria Somos + y su supuesta actividad política proselitista dentro de la Universidad.


Como ocurre en estos casos, las versiones que circulan en las redes sociales sufren el sesgo de la propaganda política de ambos lados, por lo que me situaré en el peor de los escenarios posibles: Karla
pertenece Somos +, ella y su familia son contrarias al socialismo, son opositores abiertos al gobierno y al Estado cubanos y reciben financiamiento de potencias extranjeras para su activismo.


¿Son estas razones válidas para expulsar a la estudiante Karla de la UCLV? Mi respuesta es no, por ser una violación del derecho la educación, consagrada en nuestra Constitución en relación a la igualdad como sigue:




artículo 43o.- El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra
lesiva a la dignidad humana:
• tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;
• ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades;
• perciben salario igual por trabajo igual;
• disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos;
• reciben asistencia en todas las instituciones de salud;
• se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;
• son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;
• usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;
• disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.


Aunque este artículo contiene ambigüedades y en varias ocasiones ha sido infelizmente violado por normativas coyunturales, resulta arbitrario expulsar una estudiante por sus ideas políticas.
El trato selectivo que se le aplica a la negación de su derecho legítimo de continuar sus estudios superiores es también una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derechos de segunda generación que nuestro país se honra de cumplir en letra y espíritu.


Resulta interesante que los argumentos utilizados en la mencionada declaración se basan en las Palabras a los Intelectuales de FidelCastro cuando dijo:


"…dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie."


De sobra sabemos cómo se utilizó el «adentro» y el «contra» que Fidel enarbolara en la compleja coyuntura política de 1961. Aunque sigue pendiente un debate serio sobre las políticas implementadas posteriormente, en el ámbito cultural se invalidó la obra creadora de numerosos artistas, se perdieron muchos otros que estaban dispuestos a integrarse a la creación revolucionaria y democrática. Desde un nacionalismo excluyente y stalino-machista se ningunearon a creadores
homosexuales. El costo político para la Revolución aún lo estamos pagando.


Por esos mismos años, en el ámbito educativo se implementó una reforma universitaria, que aunque imbuida de un enfoque positivista y paternalista, condujo a la garantía de la educación como derecho
humano.


Pero la contradicción sobrevino cuando por similares motivos se enarboló que la universidad era para los revolucionarios. La condición revolucionaria se impuso mediante estrechos marcos excluyentes,
dogmáticos y homogeneizantes del pensamiento. El hervidero de ideas que debe ser la universidad dejo ser dialógico y edificante, la FEU perdió paulatinamente su autonomía y mucho del espíritu de Julio Antonio Mella.


Volviendo al caso de Karla, se evoca por la FEU el principio martiano "con todos y para el bien de todos", rector de la República soñada, pero en nombre de una supuesta unidad Karla no es parte de ese todo.


Si la unidad niega la diversidad de ideas, no es unidad sino exclusión opresiva y hegemónica. El propio apóstol en su tiempo tuvo que confluir con las ideas autonomistas y el legado de las ideas de
antiesclavistas e independentistas que también fueron racistas.


Al mismo tiempo no es ética la exclusión ni la violencia simbólica desde el atrincheramiento y la parcelación. Preocupa que la estrategia de lucha de la FEU no incluya el diálogo, la confrontación de ideas, el ejercicio del pensamiento crítico. De esa manera Karla tendría que (de)mostrar la validez ética y moral de sus ideas políticas. ¿Tendrá Karla esos fundamentos?


Las purgas han demostrado ser inútiles y contraproducentes y resulta más pernicioso y contrarrevolucionario la convivencia con la apatía, la inercia, la simulación, con el creciente neoanexionismo y los antivalores neoliberales.


La FEU debiera articular más su trabajo ante tamaños desafíos. La juventud es la base para la construcción de una República incluyente, es fuente de cambio, de avance, con todos y para el bien de todos, pero como lo quiso José Martí. [Santos Suárez, 17 de abril de 2017]

3/14/2017

Cambio de estrategia legislativa LGBT en Cuba: no en mi nombre

La diputada Mariela Castro ha declarado en México que «el matrimonio
(igualitario) será resultado de un conjunto de derechos que trabajamos
para que se garanticen en nuestro sistema jurídico". Como casi
siempre, me entero por declaraciones en el exterior y publicadas por
medios de prensa —también extranjeros—, sobre lo que nos compete a
nosotros acá en Cuba.
La activista diputada, una de las pocas interlocutoras que nuestro
partido-estado-gobierno ha considerado para tratar las potenciales
agendas sobre los derechos de las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexo en Cuba, ahora anuncia un cambio de
estrategia sin que se haya consultado a las personas cuyos derechos
continúan siendo vulnerados.
¿A nombre de quién se dan tantos giros de timón en los discursos?
¿Cuál son las propuestas concretas en el trabajo sobre los derechos
que derivarán en la aceptación del matrimonio igualitario en Cuba?
¿Sobre qué bases nuestros servidores públicos establecen las
prioridades para la garantía de estos derechos como derechos humanos?
¿Dónde está el necesario ejercicio de ciudadanía que debe
desarrollarse fuera de los marcos institucionales y en el orden
legislativo?
Hace ya algunos años he venido señalando en mi bitácora que el tema
del matrimonio igualitario ha sido pospuesto y silenciado por
coyunturas políticas oscuras. La propia Mariela, en varias entrevistas
a medios internacionales pasó de reconocer las uniones de hecho a
hablar abiertamente de la necesidad de aprobar el matrimonio
igualitario en Cuba.
A diez años de celebraciones en el mes mayo de la Jornadas Cubanas
contra la Homofobia se ha ido diluyendo este tema, que es una demanda
bastante amplia de las personas con sexualidades y géneros no
heteronormativos. En las propias redes sociales numerosos activistas
hemos promovido este debate, que han sido cubiertos por agendas
mediáticas aliadas. Mientras tanto, la consulta y la participación
amplia con los grupos vulnerables siguen esperando.
La propia diputada ha dicho en un reciente entrevista al diario
mexicano La Jornada que durante las primeras cuatro décadas de la
historia de la Revolución cubana no se tenían todos los elementos de
juicio para reconocer los derechos de las personas LGBT en Cuba.
Independientemente de las justificativo que pudiese o no parecer esta
afirmación, ya llevamos más de 10 años en que tenemos todos los
elementos para considerarlo una injusticia. ¿Cuánto tiempo necesitamos
para actuar y demostrar que existe voluntad política?
Demando transparencia en las decisiones que nos atañen a un grupo
numeroso de personas que ni siquiera tenemos el reconocimiento en las
políticas para conformar familias, para el respeto de las identidades
de género, para el respeto a los derechos reproductivos de todas las
mujeres (trans y lesbianas), entre muchos otros.
Sin conocer no podremos participar. Aunque la incidencia política en
temas de derechos humanos se origina con lo que tenemos, demandamos
con urgencia el cumplimiento de la política del Partido Comunista, que
se hagan realidad los mecanismos de participación política y social
establecidos en la Constitución de la República, que se acabe de una
vez y por todas el nefasto secretismo que define la vida de la gente
desde exiguos grupos de poder. [Santos Suárez, 14 de marzo de 2017]